¿Cuánto dinero han robado PP y PSOE?
El otro día me preguntaba cuánto dinero habían robado —y presuntamente robado— los dos principales partidos políticos españoles durante los años de democracia.
Por suerte, hoy en día no es necesario empezar a investigar desde cero cada sentencia y cada sumario. Basta con lanzar una consulta a ChatGPT y seguir refinando la respuesta con nuevos casos, cifras y preguntas. Aunque, después de hacerlo varias veces, aparece un problema evidente: no existe una cifra oficial que contabilice cuánto dinero ha robado cada partido.
Los procedimientos judiciales mezclan conceptos muy diferentes: dinero directamente malversado, comisiones, sobresueldos, regalos, contratos adjudicados presuntamente de manera irregular, rescates públicos, inmuebles y otros bienes. Además, una causa abierta no equivale a una condena.
Con estas precauciones, esta es la mejor aproximación que he podido obtener.
Dinero asociado a la corrupción del PP y el PSOE
| Situación judicial | PP | PSOE y PSC |
|---|---|---|
| Casos con condena o cantidades declaradas probadas | ≈329 millones € | ≈51–53 millones € |
| Casos abiertos o cantidades todavía no probadas | ≈2.700–2.750 millones € | ≈1.850–2.050 millones € |
| Total económico judicializado o investigado | ≈3.030–3.080 millones € | ≈1.900–2.100 millones € |
El punto de partida es una recopilación publicada a finales de 2025 que situaba al PP en 3.027 millones de euros relacionados con casos judicializados y al PSOE en 1.177 millones.
Esta actualización de 2026 incorpora investigaciones posteriores o cantidades que no estaban correctamente reflejadas, como los contratos relacionados con Santos Cerdán, el caso Leire-SEPI, Plus Ultra, las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero y la ampliación del caso Montoro.
¿De qué manera se ha desviado el dinero?
Al revisar los casos, mi impresión es que el problema no consiste únicamente en políticos que se llevan sobres llenos de dinero. Esa es probablemente la imagen más sencilla de entender, pero representa solo una parte del coste real.
En los casos vinculados al PP aparece repetidamente un modelo basado en adjudicaciones públicas, redes empresariales, intermediarios, regalos, comisiones y posibles mecanismos de financiación irregular. Muchas veces no desaparece todo el valor del contrato. La obra puede llegar a construirse o el servicio puede prestarse, pero la adjudicación se habría manipulado, el precio podría estar inflado o una parte del dinero habría regresado a empresarios, cargos públicos o estructuras del partido.
En mi opinión, este sistema resulta especialmente difícil de cuantificar. Una comisión de un millón de euros puede estar relacionada con contratos valorados en cientos de millones. El beneficio ilícito directo sería de un millón, pero el perjuicio público puede ser mucho mayor si la Administración ha elegido una oferta más cara, peor o diseñada para beneficiar a una empresa concreta.
En los casos relacionados con el PSOE se observa con frecuencia otro tipo de estructura: fondos públicos repartidos sin controles suficientes, subvenciones, ayudas empresariales, rescates, puestos creados desde instituciones y contratos gestionados mediante intermediarios cercanos al poder político.
Los ERE representan el ejemplo más evidente. No todo el dinero destinado a las ayudas fue robado, pero se diseñó y mantuvo durante años un procedimiento que permitía repartir cientos de millones evitando los controles ordinarios. En otros casos más recientes, la sospecha se centra en si determinados dirigentes o intermediarios utilizaron su posición para influir en contratos públicos, rescates empresariales o adjudicaciones.
Personalmente, considero que el debate público se centra demasiado en cuánto dinero acabó directamente en el bolsillo de una persona. También debería tenerse en cuenta el dinero público administrado de manera arbitraria, los contratos concedidos a empresas favorecidas y las decisiones políticas supuestamente tomadas a cambio de pagos, regalos o ventajas personales.
Incluso cuando el político recibe una cantidad relativamente pequeña, el coste para el Estado puede ser muy grande. Una comisión de 200.000 euros puede servir para desbloquear un rescate de 50 millones, influir sobre una adjudicación de cientos de millones o modificar una norma en beneficio de determinadas empresas.
Los tres principales casos relacionados con el PP
1. Gürtel
La trama Gürtel organizó durante años un sistema de contratos públicos, comisiones, regalos y pagos irregulares relacionado con administraciones gobernadas por el PP.
El propio partido fue condenado como beneficiario a título lucrativo en una de sus piezas y todavía permanecen partes del procedimiento abiertas. Se calcula que la red movió alrededor de 120 millones de euros.
Más allá de las cantidades concretas, Gürtel mostró la existencia de una estructura continuada de relaciones entre empresarios y responsables políticos que no puede explicarse como la actuación aislada de una sola persona.
2. Púnica
La operación Púnica investiga presuntas adjudicaciones irregulares, comisiones y financiación política en distintos municipios y organismos, especialmente en la Comunidad de Madrid.
El volumen de contratos y operaciones relacionado con sus diferentes piezas supera los 500 millones de euros. En 2026, Francisco Granados recibió una nueva condena por fraude y prevaricación, aunque no todo el dinero investigado puede considerarse malversado.
La relevancia de Púnica no está solamente en las posibles comisiones, sino en la utilización de administraciones municipales y autonómicas para favorecer de forma sistemática a determinadas empresas.
3. Caso Montoro
La investigación analiza si empresas pagaron al despacho fundado por Cristóbal Montoro para conseguir reformas fiscales favorables durante su etapa como ministro.
Hacienda detectó movimientos por 35,5 millones de euros, mientras que las pesquisas policiales han situado las posibles comisiones canalizadas por las empresas investigadas cerca de los 50 millones.
La causa continúa abierta. Si las acusaciones llegaran a probarse, no estaríamos hablando únicamente de contratos amañados, sino de empresas pagando para influir sobre las normas fiscales que ellas mismas debían cumplir.
Los tres principales casos relacionados con el PSOE
1. Los ERE de Andalucía
La macrocausa de los ERE investigó el sistema utilizado por la Junta de Andalucía para distribuir durante años cientos de millones de euros en ayudas sociolaborales.
Existen piezas con condenas por cantidades concretas, pero también absoluciones, anulaciones y procedimientos todavía pendientes. Por eso no puede afirmarse que todo el fondo —cifrado en más de 680 millones de euros y en algunas recopilaciones por encima de 850 millones— fuese robado.
Sin embargo, sí se ha demostrado en diferentes piezas que parte del dinero terminó en ayudas irregulares, intermediarios, comisiones y beneficiarios que no cumplían los requisitos. En 2026, una de las piezas terminó con una indemnización de 937.500 euros por una ayuda declarada malversada.
2. Casos Koldo, Ábalos y Cerdán
La investigación comenzó con contratos de mascarillas y terminó extendiéndose al posible amaño de grandes obras públicas.
La UCO relacionó la trama atribuida a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García con 13 adjudicaciones por 637 millones de euros y con posibles comisiones de 620.000 euros. Una investigación posterior atribuyó al entorno familiar de Cerdán al menos 320.000 euros en beneficios personales.
Estos importes continúan bajo investigación y no equivalen a 637 millones robados. Lo que se investiga es si una red de dirigentes políticos e intermediarios utilizó su influencia para orientar contratos y recibir posteriormente comisiones, pagos o ventajas económicas.
3. Plus Ultra y las joyas de Zapatero
La causa investiga el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra y diferentes movimientos económicos relacionados con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno.
Durante un registro se encontraron joyas valoradas inicialmente en 1.323.915 euros. La UDEF también mantiene bajo sospecha un pago de 200.000 euros por una presunta intermediación empresarial.
La tasación de las joyas está acreditada, pero todavía no se ha probado que procedan del rescate, de comisiones o de otra actividad ilícita. Su importancia dentro del caso reside precisamente en aclarar su procedencia, el momento en el que fueron recibidas y si fueron correctamente declaradas.
¿Quién acumula más dinero relacionado con corrupción?
Con el criterio amplio utilizado en este artículo, el resultado aproximado sería:
- PP: alrededor de 3.050 millones de euros.
- PSOE y PSC: alrededor de 2.000 millones de euros.
El PP seguiría acumulando una cuantía superior: aproximadamente un 50 % más que el PSOE. La distancia, sin embargo, es menor que la que aparecía en los recuentos anteriores a las grandes investigaciones de 2025 y 2026.
En los casos con condena o con cantidades ya declaradas probadas, la diferencia es mucho mayor: alrededor de 329 millones relacionados con el PP, frente a aproximadamente 51–53 millones vinculados al PSOE y al PSC.
Pero estas cantidades tampoco pueden interpretarse como una contabilidad exacta del dinero que terminó en manos de políticos. En algunos casos se contabiliza el perjuicio ocasionado a una Administración; en otros, el valor de contratos públicos afectados; y en otros, las comisiones, regalos o pagos recibidos.
La conclusión no es que el PP haya robado exactamente 3.050 millones y el PSOE exactamente 2.000 millones. La conclusión es que ambos partidos han estado relacionados con procedimientos que afectan a miles de millones de euros y que, en muchos de ellos, el verdadero coste no se limita a las cantidades recibidas bajo mano.
También existe un coste derivado de adjudicar contratos a empresas favorecidas, repartir fondos sin controles, adaptar decisiones administrativas a intereses privados y utilizar las instituciones para beneficiar a personas próximas al poder.
En las causas todavía abiertas, las acusaciones deberán ser demostradas y las personas investigadas conservan su presunción de inocencia. Pero las cantidades y los indicios que ya forman parte de procedimientos judiciales justifican, como mínimo, que el conjunto sea examinado y explicado públicamente.