Cuba, 1900–1936: La república que nació encadenada
Cuando el siglo XX despuntó sobre la isla de Cuba, el paisaje que encontró no era el de una nación liberada, sino el de un territorio exhausto. Tres décadas de guerras contra España habían diezmado a la población, carbonizado los cañaverales y convertido aldeas enteras en cementerios improvisados. Los veteranos del Ejército Libertador —muchos de ellos negros y mulatos que habían combatido descalzos durante años— regresaron a sus bohíos para descubrir que la victoria no les pertenecía. En los muelles de La Habana ondeaba otra bandera: la de Estados Unidos, cuyas tropas habían intervenido en los últimos meses del conflicto y ahora administraban el territorio como botín estratégico.
La ocupación militar estadounidense, que se prolongó hasta 1902, no fue un paréntesis humanitario. Fue el molde donde se fraguó una república a la medida de Washington. Los interventores organizaron elecciones municipales esperando que los cubanos eligieran candidatos dóciles, pero los resultados favorecieron a nacionalistas incómodos. La respuesta fue brutal en su elegancia diplomática: no habría retirada de tropas sin condiciones. Así nació la Enmienda Platt, un apéndice constitucional que otorgaba a Estados Unidos el derecho perpetuo de intervenir militarmente en la isla «para preservar la independencia y mantener un gobierno adecuado». Aquella cláusula, insertada a presión en la Constitución de 1901, convirtió la soberanía cubana en una ficción jurídica. Los cubanos tendrían bandera, himno y presidente, pero la llave de su destino colgaría del cinturón de un embajador extranjero.
El azúcar, el hambre y las farsas electorales
Durante las dos primeras décadas de la república, la vida económica de Cuba giró en torno a un solo producto: el azúcar. Los ingenios se tragaban el paisaje. El capital estadounidense fue adquiriendo tierras, minas, ferrocarriles y servicios públicos a una velocidad que dejó a los cubanos como espectadores de su propia economía. En la cúspide de la pirámide, un puñado de familias criollas y empresarios norteamericanos acumulaban fortunas obscenas; en la base, cientos de miles de campesinos y braceros sobrevivían al ritmo caprichoso de la zafra, condenados al hambre durante el llamado «tiempo muerto», esos meses interminables en que los machetes descansaban y los estómagos no.
La política no ofrecía alivio. Liberales y conservadores se alternaban en el poder mediante elecciones plagadas de fraude, comprando votos con ron y promesas que se evaporaban al día siguiente de los comicios. El Estado no existía como instrumento de bienestar colectivo; existía como caja registradora para repartir entre los allegados del presidente de turno. Cuando en 1917 el conservador Mario García Menocal se reeligió mediante un fraude descarado, los liberales del expresidente José Miguel Gómez respondieron con las armas. Estalló la «Guerrita de la Chambelona», un alzamiento que se extendió por el oriente y el centro de la isla. Los combatientes liberales tomaron plazas como Bayamo y cavaron trincheras en localidades remotas, derramando sangre real por querellas de caudillos.
Un detalle menor de aquella revuelta, conservado por la tradición oral, retrata con cruel precisión la naturaleza de la clase política cubana. Gerardo Machado, entonces un dirigente liberal ambicioso que años después se convertiría en dictador, intentó sumarse al alzamiento armado. Pero una caída de su montura en los primeros compases de la campaña le proporcionó la excusa perfecta para retirarse discretamente a la retaguardia mientras los soldados rasos morían en las emboscadas. Machado guardó el pellejo y pulió su reputación. La revuelta, entretanto, fue aplastada cuando Estados Unidos desembarcó infantes de marina para proteger la zafra azucarera en plena Primera Guerra Mundial. Menocal, agradecido, suspendió el hábeas corpus e instauró un régimen de encarcelamientos arbitrarios.
La herida abierta: la masacre de 1912
Si la política electoral era una farsa sangrienta entre blancos, la situación de los afrocubanos constituía una tragedia de dimensiones aún más profundas. El mito fundacional de la república —la fraternidad racial forjada en las trincheras de la independencia— se desmoronaba al contacto con la realidad. Los veteranos negros que habían arriesgado la vida contra España descubrieron que los cargos públicos, la oficialidad militar y las oportunidades económicas estaban reservados para los blancos. La ocupación estadounidense había introducido, además, prácticas de segregación racial explícitas en la burocracia y los espacios públicos.
De esta indignación nació, en los primeros años del siglo, el Partido de los Independientes de Color, liderado por Evaristo Estenoz y Pedro Ivonnet, ambos veteranos de guerra. Fue el primer partido político del hemisferio occidental organizado explícitamente para defender los derechos de la población negra. La oligarquía criolla reaccionó con pánico. En 1910, una enmienda legislativa presentada por el senador Martín Morúa Delgado ilegalizó al partido bajo el pretexto de que organizarse por motivos raciales era inconstitucional. Todas las puertas legales quedaron cerradas.
El 21 de mayo de 1912, sin más opciones, los Independientes de Color se alzaron en armas en la provincia de Oriente. Lo que siguió no fue una guerra: fue una cacería. La prensa conservadora habanera transformó la protesta política en una amenaza civilizacional, publicando rumores infundados sobre violaciones de mujeres blancas y alimentando una histeria colectiva. El presidente José Miguel Gómez, presionado por los hacendados azucareros y por la amenaza velada de una intervención estadounidense, autorizó una campaña de exterminio. Tropas regulares y milicias de ciudadanos blancos se desplegaron por el oriente cubano con licencia para matar. No hubo juicios. No hubo prisioneros. Soldados y milicianos regresaban a los poblados exhibiendo montones de orejas cercenadas como trofeos macabros, mientras los cadáveres de hombres negros colgaban de los árboles a lo largo de los caminos rurales, dejados ahí como advertencia pedagógica contra la insubordinación.
Las cifras oficiales del gobierno minimizaron el horror. Pero observadores extranjeros residentes en Oriente estimaron entre cinco mil y seis mil muertos, una cifra corroborada por testimonios de sobrevivientes. El veterano Guillermo Lara, que participó en el levantamiento, ofreció un número similar. Estenoz e Ivonnet fueron asesinados. El trauma impuso un silencio de décadas sobre la comunidad afrocubana: el terror funcionó. Nadie volvió a fundar un partido basado en la identidad racial durante el resto del período republicano.
El despertar: intelectuales contra la podredumbre
A principios de los años veinte, la economía cubana vivió un espejismo de prosperidad conocido como la «Danza de los Millones». Los precios del azúcar, inflados por la demanda de la Primera Guerra Mundial, dispararon las exportaciones a casi ochocientos millones de dólares en 1920. Pero el desplome fue tan vertiginoso como el ascenso: un año después, las exportaciones se habían reducido a menos de la tercera parte y la balanza comercial arrojaba un déficit de más de setenta y ocho millones de dólares. Bancos quebraron en cadena. Familias que meses antes celebraban su fortuna amanecieron arruinadas.
En medio de ese desastre, el gobierno de Alfredo Zayas operaba como un cadáver institucional. El presidente había entregado las llaves del gabinete al diplomático estadounidense Enoch Crowder, enviado por Washington para supervisar las finanzas y dictar la composición ministerial. Cuba tenía, en los hechos, un virrey extranjero. Y la corrupción interna alcanzó niveles grotescos. El 18 de marzo de 1923, el gobierno ratificó la compra del Convento de Santa Clara, un edificio decrépito, por 2,3 millones de pesos, una suma exorbitante destinada a enriquecer a allegados del régimen.
Ese mismo día, en la Academia de Ciencias de La Habana, se celebraba un homenaje a la escritora feminista uruguaya Paulina Luisi. Entre los asistentes se encontraba Erasmo Regüeiferos, el Secretario de Justicia que acababa de firmar el decreto del fraude inmobiliario. Cuando Regüeiferos se dispuso a tomar la palabra, un joven poeta llamado Rubén Martínez Villena se puso de pie y lo interrumpió a viva voz frente a la concurrencia, los diplomáticos y la homenajeada. Le dijo que carecía de autoridad moral para hablar en nombre de la nación después de haber amparado un desfalco. Acto seguido, Villena y otros doce jóvenes intelectuales pidieron disculpas a la invitada y abandonaron el recinto en bloque. La escena, inmortalizada después en un poema publicado en el Heraldo de Cuba, pasó a la historia como la Protesta de los Trece: el momento en que la intelectualidad cubana abandonó la torre de marfil y bajó a la calle a pelear.
Machado: del populismo al terror
Gerardo Machado —aquel que había esquivado la batalla en 1917 gracias a una caída oportuna— llegó a la presidencia en 1925 envuelto en entusiasmo popular. Su programa prometía «agua, caminos y escuelas». Levantó el Capitolio Nacional, trazó la Carretera Central, fomentó un incipiente proteccionismo industrial. Pero la ambición devoró al reformista. En 1928 manipuló la Constitución para perpetuarse en el poder sin oposición real.
El crac de 1929 pulverizó lo poco que quedaba de prosperidad. Las exportaciones azucareras se desplomaron, el desempleo se disparó y el hambre se instaló en los campos y las ciudades. Las huelgas se multiplicaron. Machado respondió con «La Porra», un cuerpo paramilitar de sicarios que secuestraba, torturaba y asesinaba a estudiantes, periodistas y sindicalistas. Los cadáveres mutilados aparecían flotando en la bahía o tirados en las cunetas de las carreteras. La Universidad de La Habana fue clausurada indefinidamente. Los sindicatos independientes, proscritos.
En 1932, el periodista estadounidense Carleton Beals viajó a Cuba para documentar el horror. Su libro, ilustrado con las fotografías de Walker Evans —retratos de una dignidad desgarradora que capturaban a los indigentes habaneros con una belleza austera—, reveló al mundo la barbarie del régimen. Beals logró concertar una entrevista clandestina con dos jóvenes activistas en un piso franco de La Habana. Al llegar al punto de encuentro, encontró a ambos estudiantes tendidos en un charco de sangre, acribillados por los asesinos de Machado que acababan de abandonar la escena.
Para agosto de 1933, la situación era insostenible. Una huelga general paralizó la isla. Washington, alarmado por el avance del comunismo, envió al diplomático Sumner Welles para negociar una salida. Cuando Batista y los oficiales le retiraron el apoyo militar, Machado huyó en hidroavión hacia Bahamas. Se llevó consigo los restos del viejo sistema republicano.
Cien días de revolución, una vida de consecuencias
Lo que siguió fue el episodio más luminoso y efímero de la república. El 4 de septiembre de 1933, sargentos, cabos y soldados rasos derrocaron a la oficialidad que había sostenido a Machado. Un taquígrafo llamado Fulgencio Batista se erigió como líder de la rebelión. Los amotinados, apoyados por el Directorio Estudiantil Universitario, instalaron en la presidencia al profesor Ramón Grau San Martín. El alma radical del gobierno, sin embargo, era Antonio Guiteras Holmes, un joven que asumió simultáneamente las carteras de Gobernación, Guerra y Marina, convencido de que la independencia política sin emancipación económica era un espejismo.
En apenas cien días, aquel gobierno decretó la jornada laboral de ocho horas, instauró el salario mínimo, intervino la Compañía Cubana de Electricidad reduciendo drásticamente sus tarifas, repartió tierras y cimentó jurídicamente el sufragio femenino. La Ley de Nacionalización del Trabajo, que exigía que al menos la mitad de las plantillas fueran cubanos nativos, desató tormentas diplomáticas: el embajador español suplicó exenciones apelando a lazos de sangre e historia compartida, mientras en los cañaverales la misma ley servía de instrumento para deportar a miles de cortadores haitianos y jamaiquinos hacia la miseria, revelando las contradicciones crueles de un nacionalismo obrero edificado sobre criterios de pasaporte.
Estados Unidos se negó a reconocer al gobierno. Sin créditos ni respaldo internacional, asediado por conspiraciones militares y sabotajes económicos, el experimento se derrumbó cuando Batista retiró el apoyo armado. Grau renunció el 15 de enero de 1934. Pero las conquistas sociales de aquellos cien días resultaron tan populares que ningún gobierno posterior, por autoritario que fuera, se atrevió a derogar la jornada de ocho horas ni el salario mínimo.
El silencio impuesto
Con la revolución aplastada, Batista se instaló como el verdadero amo de Cuba, gobernando desde el Campamento de Columbia mientras presidentes civiles desfilaban por el Palacio como figurantes de una obra cuyo guion escribían los militares y la embajada estadounidense. En marzo de 1935, el movimiento obrero lanzó su última ofensiva: una huelga general que paralizó puertos, transportes, comercios, escuelas y hospitales. Batista respondió con una eficacia letal. Declaró la ley marcial, ametralló sedes sindicales, disolvió los gremios combativos y procesó por traición a centenares de profesionales.
En mayo, las fuerzas del gobierno cercaron a Antonio Guiteras cuando intentaba huir al exilio para organizar una expedición armada. Lo mataron en el combate del Morrillo, en Matanzas. Con él murió la última esperanza de la insurrección radical. Cientos de maestros rurales fueron cesados sin pensión por haber participado en la huelga; el ejército ocupó sus aulas y creó escuelas cívico-militares donde sargentos alfabetizaban a los niños campesinos bajo disciplina castrense. Los médicos que habían apoyado las demandas sociales fueron hacinados en el Castillo del Príncipe y sometidos a tribunales amañados. En un acto de resistencia silenciosa, la Federación Médica de Cuba instauró clandestinamente el 20 de enero como el Día de Luto Médico, un recordatorio discreto del estrangulamiento de las libertades civiles.
Para 1936, Batista lanzó el Plan Trienal, un programa de reconstrucción vagamente inspirado en el New Deal que buscaba presentar al ejército como el tutor benéfico de la nación. Los precios del azúcar se recuperaron tímidamente. Los indicadores de mortalidad siguieron mejorando, como venían haciéndolo desde principios de siglo. Pero la aparente calma no era consenso: era el resultado de haber eliminado físicamente a los líderes opositores y de haber sometido a la población a un Estado omnipresente respaldado por Washington.
1936 – 1961: De la esperanza constitucional al regreso del dictador
Batista, sin embargo, demostró ser un estratega más hábil de lo que sus enemigos esperaban. En lugar de aferrarse al uniforme, orquestó una transición controlada hacia la legitimidad civil. En 1940, Cuba se dotó de una nueva Constitución —una de las más avanzadas de América Latina en aquel momento—, que consagraba derechos laborales, la función social de la propiedad, la autonomía universitaria y amplias libertades civiles. Batista, ahora reconvertido en candidato electo, gobernó constitucionalmente hasta 1944 y entregó el poder al partido opositor Auténtico, liderado por el viejo Ramón Grau San Martín, en unas elecciones razonablemente limpias. Durante casi una década, la isla vivió un período de democracia imperfecta pero funcional: los Auténticos de Grau y después de Carlos Prío Socarrás presidieron gobiernos marcados por la corrupción administrativa galopante, el gangsterismo político en las calles de La Habana —donde facciones rivales se disputaban cargos públicos a tiros— y una prosperidad desigual sostenida por los precios del azúcar de posguerra. La Constitución de 1940 existía en el papel como una promesa magnífica; en la práctica, las viejas lacras del clientelismo, la malversación y la violencia seguían corroyendo las instituciones desde dentro.
El 10 de marzo de 1952, cuando faltaban apenas semanas para unas elecciones generales en las que figuraba como candidato sin posibilidades, Batista dio un golpe de Estado incruento, derrocó a Prío Socarrás y se instaló de nuevo en el poder. Esta vez no hubo fachada democrática: suspendió la Constitución, disolvió el Congreso y gobernó por decreto. La clase política, desacreditada por años de corrupción, apenas opuso resistencia. Washington reconoció al régimen con prontitud. La Habana de los años cincuenta se convirtió en un escaparate de contradicciones deslumbrantes: casinos operados por la mafia estadounidense, hoteles de lujo, cabarets de fama mundial y una élite que vivía con estándares europeos, mientras en el campo la mitad de la población seguía sin electricidad ni agua corriente y los braceros malvivían en barracones que apenas habían cambiado desde los tiempos de la colonia.
Fue contra ese telón de fondo donde un joven abogado llamado Fidel Castro irrumpió en la historia. El 26 de julio de 1953, lideró un asalto suicida contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. El ataque fracasó estrepitosamente y docenas de asaltantes fueron masacrados o torturados hasta la muerte por las fuerzas de Batista, pero el juicio posterior convirtió a Castro en un símbolo nacional de resistencia. Tras su exilio en México, regresó a Cuba en diciembre de 1956 a bordo del yate Granma con un puñado de guerrilleros, entre ellos el argentino Ernesto «Che» Guevara. Durante dos años, la columna rebelde creció en la Sierra Maestra, nutrida por campesinos hartos de miseria y por una clase media urbana que veía en Batista la encarnación de todos los vicios que habían podrido la república desde su nacimiento. El dictador, aislado internacionalmente y traicionado por su propio ejército, huyó en la madrugada del 1 de enero de 1959, igual que Machado había huido veintiséis años antes: de noche, en un avión, dejando atrás un país en llamas.
Lo que vino después no fue la democracia que muchos habían soñado. Castro consolidó un régimen de partido único, nacionalizó la economía, fusiló a opositores en juicios sumarísimos, se alineó con la Unión Soviética y, en abril de 1961, declaró oficialmente el carácter socialista de la revolución. La isla pasó de ser un protectorado económico de Washington a convertirse en un satélite ideológico de Moscú. Las cadenas cambiaron de mano, pero no desaparecieron: el monocultivo azucarero persistió durante décadas bajo otro patrón, las libertades civiles fueron suprimidas en nombre de la revolución y cientos de miles de cubanos emprendieron el camino del exilio. La república que había nacido encadenada a la Enmienda Platt en 1901 terminó encadenada a otro dogma absoluto. Y la pregunta que había recorrido todo el siglo —cuándo sería Cuba verdaderamente dueña de su destino— quedó, una vez más, sin respuesta.